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Impuestos y Finanzas



El uso del Efectivo

EL USO DEL EFECTIVO

C.P.C. JAVIER DE LOS SANTOS VALERO 
Integrante de la Comisión Fiscal del IMCP

El Uso del Efectivo

El efectivo está constituido por la moneda de curso legal disponible para su operación en billetes y monedas. La función del dinero en efectivo es facilitar el intercambio de bienes y servicios, así como imponerle un valor a los mismos. Cuando se inventó el dinero, el trueque casi desapareció, debido a que el dinero en efectivo se ha convertido en una pieza clave e indispensable en la vida económica moderna, ya que en las transacciones, al ser pactadas de contado, la relación entre el que vende y el que compra queda liquidada de inmediato. El uso del efectivo en nuestro país ha sido seleccionado como un tema muy importante en el ámbito legal y fiscal. El efectivo ha llevado a nuestros legisladores y a nuestras autoridades fiscales a propiciar nuevas reglas en su manejo y a diseñar mecanismos para obstaculizar la colocación de alto volumen de efectivo que se utiliza en las operaciones y en las transacciones de manera habitual, dando origen a la promulgación de leyes específicas para el mismo, como es en el caso de la Ley Impuesto a los Depósitos en Efectivo (LIDE), que entró en vigor el 1 de julio de 2008 y que ha traído una serie de repercusiones muy relevantes en la dinámica de los negocios. Asimismo, la Ley Federal para Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, tuvo su origen en agosto de 2010, cuando el Ejecutivo envió al Congreso Mexicano la Iniciativa de esta Ley; la iniciativa fue turnada a la Cámara de Senadores y, en abril de 2011, la Cámara de Diputados acusó recibo del proyecto remitido por parte de la Cámara de Origen. En abril de 2012 el Órgano de Revisión envió la Minuta con el proyecto de Ley a la Cámara de Senadores y el 9 de octubre de 2012 el Senado de la República aprobó el dictamen que expide esta ley, el cual fue enviado al Ejecutivo para sus efectos constitucionales. El 17 de octubre de 2012, la ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

 dinero en efectivo

En esta ley se incluye el Capítulo IV Del Uso de Efectivo y Metales, en el cual se establece un régimen especial y novedoso para el manejo del efectivo, ya que restringe los pagos con dinero en efectivo en determinadas operaciones.
Aun cuando la entrada en vigor de la presente ley está prevista en las disposiciones transitorias a los nueve meses posteriores a su publicación, es decir el 17 de julio de 2013, en el presente trabajo se comentan algunos aspectos que considero relevantes de la misma, en virtud de que tendrán un impacto en la actividad económica de las empresas y de los consumidores.

Este nuevo régimen dispone que estará prohibido dar cumplimiento a obligaciones y, en general, liquidar o pagar, así como aceptar la liquidación o el pago, de actos u operaciones mediante el uso de monedas y billetes, en moneda nacional o divisas y metales preciosos, en los siguientes casos:
• Transmisión de derechos reales sobre bienes inmuebles por un valor igual o superior al equivalente a ocho mil veinticinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación ($500,198.25).
• Compra-venta de vehículos, nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres por un valor igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal ($200,079.30).
• Transmisiones de propiedad de relojes, joyería, metales preciosos y piedras preciosas, ya sea por pieza o por lote, y de obras de arte, por un valor igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal ($200,079.30).
• Adquisición de boletos que permita participar en juegos con apuesta, concursos o sorteos, así como la entrega o pago de premios por haber participado en dichos juegos con apuesta, concursos o sorteos por un valor igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal ($200,079.30).
• Prestación de servicios de blindaje para vehículos, tanto marítimos, aéreos y terrestres, nuevos o usados, o bien, para bienes inmuebles con un valor igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal ($200,079.30)
• Enajenación de los títulos representativos de partes sociales o acciones de personas morales por un valor igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal ($200,079.30).
• El alquiler de inmuebles, vehículos aéreos, marítimos o terrestres, blindados o sin blindar, por un valor igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal ($200,079.30).

Además, los Fedatarios Públicos, en los instrumentos en los que hagan constar cualquiera de los actos u operaciones descritos, deberán identificar la forma en la que se paguen las obligaciones que de ellos se deriven cuando las operaciones tengan un valor igual o superior al equivalente a ocho mil veinticinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal ($500,198.25).
En caso de que el valor de la operación sea inferior a la cantidad antes referida, o cuando el acto u operación haya sido total o parcialmente pagado con anterioridad a la firma del instrumento, bastará la declaración que bajo protesta de decir verdad hagan los clientes o usuarios.

En caso de que el valor de la operación sea igual o superior a $500,198.25, los actos u operaciones ya comentados deberán formalizarse mediante la expedición de certificados, facturas o garantías que correspondan, o de cualquier otro
documento en el que conste la operación, y se verificarán previa identificación de quienes realicen el acto u operación, debiéndose especificar la forma de pago y anexar el comprobante respectivo.

Por otra parte, la LIDE ha propiciado que el efectivo sea una herramienta más de la fiscalización en nuestro país.

Desde la incorporación del Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE), el Ejecutivo Federal argumentó que este gravamen no solo tiene el propósito recaudatorio, sino que tiene el objetivo de convertirse en un instrumento eficaz en la política financiera y económica del país y ser en auxiliar en el Control de la Evasión Fiscal, ya que grava tanto a personas físicas como morales inscritas o no inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), debido a que obtienen ingresos que no declaran al fisco, o bien, que se encuentran registradas pero su estatus es de Suspensión de Actividades.

El IDE ha generado ingresos en apenas 0.75% promedio respecto del total de los ingresos tributarios de 2008 a la fecha, lo que confirma que el verdadero propósito de este impuesto es el control y no la recaudación.

Basándose en esa intencionalidad con la que fue creado el IDE, en octubre de 2011, el SAT emitió casi 600,000 cartas-invitación dirigidas a personas físicas en las que se incluye una relación de los depósitos en efectivo realizados, los que, de acuerdo con los registros del mismo SAT, no habían sido incorporados como ingresos en la declaración del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por esas personas.

Se estima que se recaudaron cerca de $5,000 millones por este programa, además sirvió de base para la programación de manera estratégica de las facultades de comprobación por medio de auditorías y revisiones dirigidas a quienes les fueron detectadas operaciones de este tipo.

Además, se detectaron personas físicas con depósitos en efectivo y que no estaban inscritas en el RFC, procediendo a presentar una demanda de tipo penal a quienes se encontraban en este supuesto. Es conveniente aclarar que no fueron demandadas la totalidad de las personas que fueron detectadas como no inscritas El SAT hace valer en las demandas que la persona física tuvo depósitos periódicos en efectivo en su cuenta bancaria por ciertas cantidades, durante el ejercicio 2009, estando obligado, por ello, a enterar el ISR correspondiente, mediante pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto anual y, en consecuencia, debió solicitar su inscripción en el RFC dentro del mes siguiente al día en que se
actualice el supuesto jurídico o, de hecho, en que estaba obligado al pago del impuesto; esto es, debió inscribirse a más tardar el mes de febrero de 2009, si es que fuera el caso de que el primer depósito lo obtuvo en enero del mismo año (2009), lo que en muchos casos no ocurrió, por el contrario aun cuando siguió teniendo depósitos en efectivo omitió solicitar su inscripción por más de un año.

Las demandas penales que se presentaron fueron contra las personas que hicieron caso omiso de los requerimientos para inscribirse en el RFC.

Por lo tanto, queda al descubierto la conducta de omisión desplegada por el contribuyente al no inscribirse en el RFC, lesionando con ello el bien jurídico tutelado por la norma, como es el correcto funcionamiento del sistema de tributación o recaudatorio a cargo del Fisco Federal, ya que en su carácter de persona física estaba obligado a cumplir con lo ordenado por el Art. 27 del Código Fiscal de la Federación, 19, Fracc. VII y 20, párrafo tercero, Fracc. I de su reglamento, es decir, inscribirse en el RFC.

En este contexto, el SAT supone el dolo con el que se conducen los contribuyentes, al tener conocimiento del hecho, debido a que los depósitos se encontraban en sus cuentas bancarias y, por ende, eran ingresos de los que tenían la obligación de enterar el impuesto correspondiente; para ello, debían colmar el vínculo legalmente establecido con la autoridad fiscal, es decir, debían inscribirse en el RFC, por lo cual se presume fundadamente que al tener conocimiento que por sus ingresos periódicos sabían que tenían que inscribirse al RFC, pero lejos de cumplir con ese deber de actuar, decidieron desplegar una conducta de omisión, evitando su inscripción. El SAT evidencia esta circunstancia con las notificaciones personales que formula, donde les otorga el plazo de quince días para llevar a cabo su inscripción al RFC y, posteriormente, informa que la persona física no se encontraba inscrita a la fecha de su expedición, persistiendo así la conducta de omisión del deber que constituye inscribirse en el RFC.

En las demandas, la autoridad manifiesta que las personas físicas omitieron solicitar su inscripción al RFC por más de un año, contado a partir de la fecha en que debieron hacerlo, desprendiéndose no nada más una simple inactividad, sino un no hacer de la acción esperada, esto es, que a sabiendas de su responsabilidad fiscal los sujetos no actuaron en un sentido diverso al exigido, generando una conducta negativa que se instaura en la no actividad voluntaria frente al deber de obrar consignado en la norma.

Por lo tanto, se deduce, fundadamente, que al omitir solicitar su inscripción en el RFC, para no declarar los ingresos que de forma periódica obtuvieron en el ejercicio 2009, ocasionaron con dicha conducta que no cumplieran en tiempo y
forma con sus obligaciones fiscales y violentaron el buen funcionamiento del sistema tributario.

Conforme a lo expuesto, el SAT presenta una querella, y se considera que se allegan a la Fiscalía de la Federación, elementos suficientes que permiten acreditar la existencia de hechos probablemente constitutivos de delito fiscal, previsto en la ley especial punitiva aplicable, por lo que se solicita a esa representación social federal que determine, una vez cubiertos los presupuestos de ley, ejercitar, en su caso, acción penal respecto de los contribuyentes y en contra de quien o quienes resulten responsables.

Junto con la campaña de las cartas se emitió un programa de regularización, es decir, se incorporó un programa de regularización por el ejercicio 2009 mediante reglas de carácter general de la resolución miscelánea.

El esquema de las cartas invitación de 2009 se repite para 2010, emitiendo de igual forma cartas invitación y poniendo en marcha un nuevo programa de regularización, que a diferencia del programa de 2009, se incluyen a las personas morales.
A continuación se presenta un extracto de los principales puntos considerados en este programa:

 PERSONAS MORALES

El SAT con el objetivo de regularizar la situación fiscal de las personas morales que no presentaron la Declaración Anual del Impuesto Sobre la Renta del ejercicio 2010, implementó el Programa Regularización del ISR 2010 Personas Morales, el cual está dirigido a: Personas morales que se encuentren omisas en la presentación de su declaración anual y que como resultado de la revisión a los registros de las instituciones financieras y a los registros del SAT, se haya detectado que continúan teniendo operaciones y que tienen depósitos en efectivo en las cuentas bancarias de su denominación o razón social.

Es importante precisar que si la persona moral se ubica en este supuesto, el SAT le enviará una carta-invitación o correo electrónico para efectos de regularizar su situación fiscal, o bien, lo invitará a una entrevista con el fin de apoyarlo en la
presentación de su declaración anual.

El beneficio es regularizarse sin que existan sanciones y que, además, de acuerdo a lo ya comentado, el SAT no ejerza o amplíe sus facultades de comprobación.

Las personas morales que se adhieran a este programa de regularización no tendrán derecho al pago en parcialidades, a diferencia de las personas físicas, a las que sí está permitido el pago en parcialidades para regularizar el ejercicio 2010.

El programa invita a regularizarse a la brevedad para no generar más accesorios, aunque no se tiene una fecha límite para incorporarse la incorporación del mismo.

PERSONAS FÍSICAS

El Programa de Regularización para Personas Físicas está dirigido a:

  • Las personas físicas no inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes y que deben estarlo.
  • Las personas físicas inscritas en el RFC y que no hayan presentado la declaración anual del Impuesto Sobre la Renta 2010.

El SAT le enviará una carta-invitación para efectos de regularizar su situación fiscal, junto con un formulario de pago que podrá utilizar para pagar el ISR 2010. El pago podrá realizarlo hasta en seis parcialidades, eligiendo el número en el propio formulario.

Además, el SAT ha previsto un servicio con el cual podrá realizar su pago en el portal de Internet de su banco y, en su caso, con tarjeta de crédito. Para ello, deberá acceder al apartado de servicios, opción de pago por ventanilla o portal
bancario, donde podrá obtener el formato de hoja de ayuda que le servirá como guía para realizar su pago, asimismo, podrá utilizar la hoja de ayuda para pagar en cualquier sucursal bancaria.

En la carta-invitación se incluye la propuesta del monto a pagar del ISR calculado a partir de la información que, de acuerdo con el Art. 4 de la LIDE, las instituciones del sistema financiero entregan al SAT, así como la forma oficial FMP-Z con la que el contribuyente podrá efectuar el pago en la sucursal bancaria.

Quienes están inscritos en el RFC, podrá ingresar a la página electrónica del SAT, al apartado de Regularización ISR 2010, en la opción de servicios, para obtener una hoja de ayuda, la cual contendrá la información necesaria que les permitirá pagar vía portal bancario o ventanilla bancaria.

Se entenderá que la persona física se auto-determina el impuesto omitido, al presentar su pago a más tardar el 28 de febrero de 2013, mediante su portal bancario o en la ventanilla bancaria con la hoja de ayuda, o con el formulario de pago correspondiente enviado por la autoridad, debiendo efectuarlo por el importe que corresponda al número de parcialidades elegidas. Las parcialidades deberán especificarse en el formato de pago. En caso contrario, perderá los beneficios que comprenden el pago en parcialidades.

En caso de que la persona física no esté de acuerdo con el monto propuesto, podrá calcular el impuesto que le corresponda y presentar su declaración del ejercicio 2010 utilizando la herramienta “DeclaraSAT”.

La primera parcialidad, será la cantidad que resulte de dividir el monto total del adeudo, el cual considera el ISR omitido, la actualización y los recargos a partir de la fecha en que debió presentar la declaración anual y hasta la fecha de emisión de la carta-invitación, entre el número de parcialidades que el contribuyente hubiese elegido.

Para calcular el importe de la segunda parcialidad, se considerará el saldo insoluto del impuesto omitido, más los recargos y la actualización que se hayan generado entre la fecha de emisión de la carta-invitación y la fecha en que el contribuyente haya pagado la primera parcialidad; ese resultado se dividirá entre el número de parcialidades restantes y el resultado se multiplicará por el factor de 1.057. El resultado deberá pagarse a más tardar el último día de cada uno de los meses del periodo elegido mediante la forma FMP-1 que deberá solicitar en la Administración Local de Servicios al Contribuyente que corresponda a su domicilio fiscal.

En caso de que no se pague alguna parcialidad dentro de cada uno de los meses del plazo que la persona física hubiese elegido, se deberán pagar recargos por la falta de pago oportuno, aplicando el factor 1.13%.

En el caso de que la persona física no se encuentre inscrita en el RFC y opte por realizar los pagos en parcialidades en los términos previstos en el formulario de pago anexo a la carta-invitación, tendrá por cumplida su obligación de inscribirse
en el RFC, al momento de realizar el pago de la primera parcialidad, para lo cual deberán anotar su CURP en el formulario, de lo contrario perderá los beneficios ya comentados.

La inscripción al RFC se realizará a partir del primer mes en el que la institución del sistema financiero lo reportó con un IDE recaudado o pendiente de recaudar y tomando como domicilio fiscal aquel al que fue dirigida la carta-invitación, mismo que podrá ser modificado con posterioridad presentando el aviso de cambio de domicilio fiscal, conforme al procedimiento señalado en la ficha de trámite 85/CFF contenido en el Anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal 2012.

Las personas físicas que hayan suspendido actividades en el RFC antes del 1 de enero de 2010, y que durante ese ejercicio hubiesen efectuado depósitos en efectivo que a la fecha de entrada en vigor de la presente regla no hayan sido declarados, y que opten por realizar su pago reanudando actividades en el RFC a partir del primer mes en el que la institución del sistema financiero lo reportó con un IDE recaudado o pendiente de recaudar con las obligaciones pendientes de pago derivadas de los referidos depósitos en efectivo, tributarán en términos de lo establecido en Capítulo “Otros Ingresos” del Título IV de la LISR.

Quienes realicen el pago en parcialidades, podrán optar por presentar su declaración de ISR 2010, mediante el formulario de pago que les haga llegar el SAT, en cuyo caso este se tendrá por presentado en la fecha en que la persona física entere el pago de la primera parcialidad, considerando que la declaración del ISR 2010 es por los depósitos en efectivo que se hayan tenido en 2010, o bien, mediante la herramienta electrónica “DeclaraSAT”, en la que deberá acumular la  totalidad de los ingresos correspondientes a 2010, para lo cual tendrán que estar previamente inscritos al RFC y contar con su clave CIECF, generada por medio de los desarrollos electrónicos del SAT.

Quienes realicen el pago por medio de su portal bancario, o en la ventanilla bancaria con la hoja de ayuda, se les tendrá por presentada la declaración anual del ejercicio de 2010 en la fecha en que se efectúe el pago correspondiente.

Además, para quienes opten por pagar mediante parcialidades, no será necesario que garanticen el interés fiscal.

Conforme a lo relatado en la presente colaboración, podemos concluir que el adecuado manejo de efectivo, tanto en las empresas como para las personas físicas con o sin actividad empresarial o profesional, es primordial para evitar cualquier contingencia de carácter fiscal, legal e inclusive penal, siendo muy importante que quienes reciban estas cartas-invitaciones resuelvan o aclaren los conceptos observados en las mismas.

Además, no podemos perder de vista los cambios que vienen en el comercio por las nuevas restricciones para el efectivo, que quizá traigan como consecuencia que muchas actividades vean modificadas su manera habitual de operar por la entrada en vigor de los nuevos ordenamientos.

Fuente IMCP

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