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Impuestos y Finanzas



La ley y la evasión fiscal por tercerización






Rosario Lombera González , El Universal, www.eluniversal.com.mx

En México, como muchos otros países, la subcontratación es cada vez mayor en varios sectores de la economía debido a la búsqueda de una mayor flexibilidad, descentralización y especialización de la producción, permitiendo a las empresas reducir costos y alcanzar mejores niveles de competitividad en un marco de competencia global.

Así, mejorar la productividad, eficientar costos, elevar los niveles de especialización que permitan una mayor concentración en actividades básicas del negocio y la reducción del número de empleados, han sido factores para incrementar la contratación de compañías prestadoras de servicios de personal, denominadas empresas de tercerización (o incorrectamente denominadas de outsourcing).

Sin embargo, en México existen casos donde esta figura ha sido utilizada indebidamente para evadir o eludir obligaciones laborales, seguridad social y al fisco, ya sea mediante la contratación de compañías que no son entidades confiables y financieramente sólidas, o a través de sociedades cooperativas y otras estructuras, que haciendo pasar a trabajadores por socios cooperativistas, prestadores de servicios profesionales u otras variantes, se sitúan fuera del marco del derecho laboral, reducen sus contribuciones de seguridad social y el costo de las contribuciones fiscales, lo cual es perjudicial para los trabajadores, a quienes a futuro les saldrá caro haber cotizado sobre bases menores o no haber cotizado.

tercerizacion

En términos generales, la legislación laboral y de seguridad social contempla normas especiales para proteger a los empleados contratados mediante una compañía de tercerización que podrían no cumplir cabalmente con las obligaciones laborales y de seguridad social aplicables a todos los empleadores en México.

La Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que los intermediarios son personas o entidades que contratan empleados en favor de otro empleador. Si la persona o entidad que contrata a los empleados tiene los medios suficientes (ie. activos, recursos humanos, medios financieros y económicos) para cumplir con todas las obligaciones que surgen de la relación laboral con los individuos contratados, no serán considerados como intermediarios sino como empleadores.

En caso contrario, la empresa receptora de los servicios será responsable solidario por el incumplimiento de las obligaciones laborales. Por otro lado, si bien la LFT contempla el principio de que los trabajadores que realicen los mismos servicios, en las mismas condiciones laborales y de eficiencia, tienen derecho a una remuneración igual, en el esquema de prestación de servicios de personal este principio llega a ser inobservado.

De acuerdo con la Ley del Seguro Social, si una empresa de tercerización es reconocida como un intermediario que contrata empleados para la empresa receptora de los servicios y no como patrón, la empresa receptora podrá ser considerada conjuntamente responsable, junto con la compañía de prestación de servicios de personal por los pagos de seguridad social y vivienda al IMSS y al Infonavit respectivamente.

De esta manera, en caso de incumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social por parte de las empresas prestadoras de servicios de personal, se presenta la figura de la responsabilidad solidaria, en términos de la cual, las empresas receptoras de los servicios deberán cumplir las obligaciones incumplidas por quien contrató a los empleados.

Por lo anterior, se han tomado medidas en dos direcciones. Por un lado el IMSS, el SAT y el Infonavit han implementado un programa de fiscalización enfocado a verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales y de seguridad social dirigido principalmente a sociedades dedicadas a la prestación de servicios de personal que operan de manera irregular y por el otro, una reforma de la legislación de seguridad social que tuvo lugar el 10 de julio de 2009, para establecer un marco legal que garantice y haga efectivo el cumplimiento de las obligaciones. En este sentido, el IMSS podrá verificar y hacer cumplir las obligaciones de manera indistinta de cualquiera de las entidades involucradas y notificar créditos fiscales a ambas partes.

El sector gubernamental, y en este caso, las autoridades laborales y de seguridad social tienen la función de garantizar a los actores económicos un terreno de juego equilibrado que permita que la competencia se sustente en la eficiencia y la productividad.

Lograr lo anterior implica el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social conforme a las leyes y garantizar a los empleados el goce de sus derechos. Esto requiere un ejercicio continuo de fiscalización con estrecha colaboración entre autoridades laborales, de seguridad social y de Hacienda, en pro de una efectiva aplicación de la ley, ya que hasta el momento no hay resultados concretos contra los evasores y contrario a ello, los contribuyentes cautivos han tenido mayor presión por parte de las autoridades tributarias.

* Presidente del Comité Técnico Nacional de Seguridad Social

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