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Impuestos y Finanzas



Resoluciones Favorables-IVA-Transporte Publico

resoluciones favorables transporte publicoFECHA 03 – Julio – 2015

TEMA Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA)

SUBTEMA Sujetos

ANTECEDENTES:

Que su representada se dedica a prestar el servicio público de transporte de pasajeros en su modalidad de servicio público especializado en la Isla de XXX, conforme a la concesión XXX de fecha 23 de septiembre de 2005, expedida por la Secretaría de XXX.

• Que los servicios que presta se clasifican en servicio de transporte urbano, servicio turístico, traslado de personal a hoteles, transporte privado para eventos especiales y de manera esporádica los servicios de taller.

• Que en el servicio de transporte turístico se traslada a personas que van de visita a la Isla de XXX, que en dicho servicio se les contrata por empresas particulares para brindar el servicio de traslado a lugares específicos, como playas, cruceros, o algún evento específico; que en el servicio de traslado de personal a hoteles se tienen contratos con algunos hoteles de la Isla de XXX en el que se tienen establecidos horarios y rutas exclusivos para llevar y traer a personas que brindan un servicio personal subordinado en dichos hoteles, y que los servicios que presta su representada son en el Municipio de XXX.

• Que existe confusión respecto de la obligación de trasladar el impuesto al valor agregado por los servicios de traslados turísticos y traslado de personal a hoteles y a eventos privados, a razón de que ambos son servicios de transporte de pasajeros y se relacionan en la concesión de servicios público de su representada. En virtud de lo anteriormente expuesto, solicita: “… me permito solicitar a esta H. Autoridad, se sirva contestarme si los servicios que presta mi representada en el Municipio de XXX de: Transporte Turístico; Traslado de personal de hoteles; Transporte a eventos privados; Son actividades exentas para efectos del Impuesto al Valor Agregado conforme al Artículo 15 Fracción V y Regla I.4.3.5. de la Resolución Miscelánea.

CONSIDERANDOS:

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 31, fracción IV establece la obligación de los mexicanos de contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.

Por otro lado, el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, señala que las disposiciones que establezcan cargas a los particulares y las que señalan excepciones a las mismas, así como las que fijan infracciones y sanciones, son de aplicación estricta, es decir, las autoridades fiscales se encuentran obligadas a aplicar estrictamente los textos de las disposiciones fiscales que refieran al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, no pudiéndose aplicar éstas por analogía, ya sea por minoría, o mayoría o igualdad de razón.

Por su parte, el artículo 6 de dicho ordenamiento legal, señala que las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho, previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso en que ocurran.

El artículo 15, fracción V de la Ley del Impuesto al Valor Agregado establece en la parte que nos ocupa, lo siguiente: “Artículo 15.- No se pagará el impuesto por la prestación de los siguientes servicios: […] V. El transporte público terrestre de personas que se preste exclusivamente en áreas urbanas, suburbanas o en zonas metropolitanas. […]”

De lo antes transcrito, se advierte que las personas físicas y morales no pagarán el impuesto al valor agregado por la prestación del servicio de transporte público terrestre de personas que se preste exclusivamente en áreas urbanas, suburbanas o en zonas metropolitanas.

Al respecto, la regla I.4.3.5. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014 establece de manera textual, lo siguiente:

“Definición de área urbana, suburbana y zona metropolitana para el transporte público terrestre de personas I.4.3.5. Para los efectos del artículo 15, fracción V de la Ley del IVA, se entiende que el transporte público terrestre de personas se presta exclusivamente en áreas urbanas, suburbanas o en zonas metropolitanas, cuando el transporte prestado al pasajero se realice en cualquiera de los siguientes supuestos:

I. La distancia entre el origen y destino del viaje sea igual o menor a 30 kilómetros. Para los efectos de esta fracción se entiende por origen el lugar en donde el pasajero aborde el medio de transporte, y por destino el lugar de descenso del pasajero.

II. El origen y destino del viaje se ubiquen en un mismo municipio.

III. El origen y destino del viaje se ubiquen en la misma ciudad, considerando como ciudades las contenidas en el Catálogo Urbano Nacional 2012, elaborado por la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Gobernación y el Consejo Nacional de Población, incluso cuando éstas abarquen varios municipios. En los casos en los que las ciudades comprendan dos o más municipios, se considerará como integrante de la ciudad, la totalidad geográfica de dichos municipios. Para los efectos de esta fracción, en el Anexo 22 se dan a conocer las ciudades que comprenden dos o más municipios, conforme al catálogo mencionado. LIVA 15”

De lo anterior, se advierte que se considera que el servicio de transporte público de personas se presta en zonas urbanas, suburbanas o zonas metropolitanas, cuando dicho transporte se realice en cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Que la distancia entre el origen y destino del viaje sea igual o menor a 30 kilómetros

b) Que el origen y destino pertenezcan al mismo municipio, y

c) Que el origen y destino se ubiquen en la misma ciudad, incluso cuando éstas abarquen varios municipios

En ese orden de ideas, para que el servicio de transporte esté exento del pago del impuesto al valor agregado, debe tener la característica de ser transporte público terrestre de personas y debe prestarse en áreas urbanas, suburbanas o en zonas metropolitanas.

Ahora bien, en el caso que nos ocupa, de acuerdo con las manifestaciones vertidas en su escrito de consulta, su representada presta servicios de transporte público especializado dentro del Municipio de XXX, dichos servicios son prestados como transporte turístico, traslado de personal a hoteles y transporte privado a eventos, por lo que en virtud de que el servicio se presta únicamente en el Municipio de XXX es necesario atender a lo dispuesto por la legislación estatal a efecto de determinar si se trata de transporte público o no.

En ese sentido, la Ley de Tránsito, Transporte y Explotación de Vías y Carreteras del Estado de XXX, dispone en su artículo 3 que el transporte de pasajeros, de carga y el especializado en el Estado de XXX, constituye un servicio público cuya prestación corresponde al Gobierno de la Entidad, a excepción del urbano de pasajeros en autobuses en ruta establecida que corresponde a los Municipios, sin embargo, puede ser autorizado a particulares o sociedades legalmente constituidas, mediante concesión otorgada en los términos de la Ley en comento; asimismo, el artículo 30 del mismo ordenamiento señala que el transporte de pasajeros de carga y el especializado en el Estado de XXX, constituye un servicio público en los términos que establece el artículo 3 antes mencionado, pudiéndose además fijarse para su explotación, las modalidades que dicte el interés público. Derivado de lo anterior, al ser los servicios que presta su representada considerados como un servicio público de transporte de conformidad con la legislación local aplicable, y si efectivamente, como se advierte en su escrito de consulta, los servicios de transporte se prestan únicamente en el Municipio de XXX, ubicándose así dentro de la regla I.4.3.5. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, dichos servicios se encuentran exentos del pago del impuesto al valor agregado de conformidad con lo establecido en el artículo 15, fracción V de la Ley de la materia.

RESOLUTIVO:

Primero. Se confirma el criterio de XXX, en el sentido de que los servicios de transporte que presta son actividades exentas en términos el artículo 15, fracción V de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en la medida en que se ubiquen en alguno de los supuestos establecidos en la regla I.4.3.5. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014.

Segundo. De conformidad con el artículo 34, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación, los criterios establecidos en el presente oficio son de aplicación obligatoria para las autoridades fiscales, siempre y cuando en la presente consulta no se hubiesen omitido antecedentes o circunstancias trascendentes para la misma; los antecedentes y circunstancias que originaron la consulta no se modifiquen con posterioridad a la fecha en que la misma fue presentada ante esta Administración y que la consulta haya sido formulada antes de que la autoridad ejerza sus facultades de comprobación respecto de las situaciones reales y concretas a que se refiere la consulta materia del presente oficio.

Tercero. De acuerdo con el artículo 34, tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales no quedarán vinculadas con la respuesta otorgada a través del presente oficio, si los términos de la consulta no coinciden con la realidad de los hechos o datos consultados o se modifica la legislación aplicable.

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FACTORAJE FINANCIERO COMO FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FACTORAJE FINANCIERO COMO FUENTE DE FINANCIAMIENTO POR:

C.P.C. ÓSCAR ORTIZ MOLINA Integrante de la Comisión Fiscal del IMCP

En la actualidad resulta más común que las compañías estén en búsqueda de fuentes de financiamiento eficientes y que representen el menor costo financiero posible con el objeto de apoyar su capital de trabajo para seguir operando.

En consecuencia, la eficiencia estará dada al encontrar alguna alternativa de financiamiento a la medida de la situación financiera de la entidad. Dentro de las alternativas de financiamiento más comunes están, entre otras, las siguientes:

a) Endeudamientos bancariosb) Emisión de títulos de deudac) Aportaciones de capital

d) Venta de cartera y otros activos

e) Factoraje financiero

f) Arrendamiento financiero

g) Bursatilización de activos

Como podemos ver, alternativas de financiamiento existen; sin embargo, el reto será la facilidad de acceso a cada una de ellas y la evaluación del costo que representa una u otra.

fuentes de financiamiento

En este artículo nos ocuparemos de analizar algunos aspectos relevantes en el tema de factoraje financiero como fuente de financiamiento.

Como práctica de hoy en día, es muy común que los proveedores tengan que esperar 60, 90 y hasta 180 días para el pago de sus facturas por parte de sus clientes, lo que sin lugar a dudas reduce su capacidad de recursos impactando en el crecimiento eficiente del negocio e incluso esta situación puede poner en riesgo su sobrevivencia.

Esta problemática no es exclusiva de algún sector particular, por ejemplo, industrias como la de retail hacen esperar a sus proveedores plazos de hasta 360 días para pagarles sus mercancías o servicios.

Asimismo, las diferentes circunstancias de la situación financiera y el historial de utilidades de las entidades, representan, en algunas ocasiones, retos para tener acceso al crédito bancario o a cualquier otra fuente de financiamiento.

Por lo tanto, algunas empresas han recurrido como alternativa a la venta de sus activos; es decir, enajenan sus cuentas por cobrar mediante el descuento de documentos, eliminando con ello, por lo menos de manera inmediata, los problemas de liquidez.

Ante este panorama analicemos entonces, ¿qué es el descuento de documentos?, o ¿qué representa el Factoraje financiero? Partamos de la premisa de que el factoraje financiero, ofrece lo siguiente:

I. Una fuente segura, confiable y continua de recursos.II. Un nivelador de flujos cuando existen ventas estacionales, egresos extraordinarios o de ocasión.III. Un mejor uso de los activos monetarios, sin generar pasivos o endeudamiento, pudiendo existir algún beneficio fiscal.

Así las cosas, el factoraje tiene como finalidad reducir los ciclos de cobro y con ello otorgar liquidez a la empresa. El beneficio fundamental es contar con el dinero más rápido, y es muy útil para cuando se presentan oportunidades de negocio en los que se requiere agilizar el ciclo financiero.

Asimismo, es un mecanismo de financiamiento a corto plazo mediante el cual una empresa promueve su crecimiento a partir de la venta de sus cuentas por cobrar vigentes a otra empresa, es decir, la empresa dueña de los derechos de crédito los cede a otra entidad contra el pago de recursos menos un descuento; en pocas palabras, se está adelantando el cobro de una factura.

Algo importante a considerar es que el factoraje se adapta a las necesidades particulares de cada cliente, lo cual ofrece una amplia gama de servicios adicionales: administración de cartera, financiamiento, anticipo sobre las cuentas por cobrar, contabilización y reporteo, gestiones de cobranza, cobertura de riesgos crediticios, evaluación de crédito y establecimiento de líneas a clientes, cobranza y transferencias de recursos.

En materia mercantil, el contrato de factoraje financiero se encuentra regulado en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito (LGTOC), la cual establece que este se podrá llevar a cabo en cualquiera de las modalidades siguientes:

Factoraje sin recurso. El factorante adquiere los derechos de la factorada, la cual no se obliga a responder por el pago de los derechos de crédito cedidos.

Factoraje con recurso. El factorante adquiere los derechos de la factorada, la cual se obliga a responder solidariamente por el pago de los derechos de crédito cedidos.

En esta tesitura, la cobranza puede ser:

i) directa, realizada por el factorante oii) delegada, es decir, que la realiza el factorante o un tercero.

Por lo tanto, el descuento de documentos, está orientado a satisfacer las necesidades de capital de trabajo de las empresas, proporcionándoles mayor liquidez y apoyándolas en su flujo de efectivo y su ciclo productivo, al ceder sus derechos de crédito vigentes a factoring corporativo.

ANÁLISIS LEGAL Y FISCAL

Por virtud del contrato de factoraje, el factorante (entidad que adquiere los derechos de crédito) conviene con el factorado (que vende los derechos), que podrá ser persona física o moral, en adquirir derechos de crédito que este último tenga a su favor por un precio determinado o determinable, en moneda nacional o extranjera, independientemente de la fecha y la forma en que se pague, lo cual sería posible pactar con cualquiera de las modalidades siguientes:

I. Que el factorado no quede obligado a responder por el pago de los derechos de crédito transmitidos al factorante.I. Que el factorado quede obligado solidariamente con el deudor, a responder del pago puntual y oportuno de los derechos de crédito transmitidos al factorante.

Asimismo, podrán ser objeto del contrato de factoraje, cualquier derecho de crédito denominado en moneda nacional o extranjera que se encuentren documentados en facturas, contra recibos, títulos de crédito, mensajes de datos, en los términos del Título Segundo del Libro Segundo del Código de Comercio, o cualesquiera otros documentos, que acrediten la existencia de dichos derechos de crédito. Las empresas de factoraje y las sociedades financieras de objeto múltiple, estarán obligadas, en todos los casos, a notificar al deudor la transmisión de derechos de crédito operado en virtud de un contrato de factoraje financiero, excepto en el caso de factoraje con mandato de cobranza o factoraje con cobranza delegada.

Resulta relevante señalar que en julio de 2006 se derogó el capítulo de las entidades de factoraje financiero en la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, para que ahora se establezca que el otorgamiento de crédito, así como la celebración de arrendamiento financiero o factoraje financiero podrán realizarse en forma habitual y profesional por cualquier persona sin necesidad de requerir autorización del Gobierno Federal para ello; únicamente se contempla la inclusión expresa en sus estatutos sociales que como objeto social principal realizan de manera habitual y profesional una o más de las actividades señaladas.

Este tipo de entidades se consideraran como sociedades financieras de objeto múltiple. Esta situación ayuda en mucho a que el mercado se abra y no solo las entidades de factoraje financiero puedan realizar este tipo de operaciones.

Para todos los efectos legales, solamente se considerará como sociedad financiera de objeto múltiple a la sociedad anónima que cuente con un registro vigente ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, para lo cual deberán ajustarse a ciertos requisitos. Desde la perspectiva fiscal se establece en la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), que en las operaciones de factoraje financiero, se considerará interés la ganancia derivada de los derechos de crédito adquiridos por empresas de factoraje financiero y sociedades financieras de objeto múltiple. La disposición anterior obliga a las empresas de factoraje financiero y a las sociedades financieras de objeto múltiple, a considerar como interés la ganancia derivada de los derechos de crédito adquiridos; sin embargo, esta disposición es omisa respecto a la definición de la manera en la que se deberá determinar dicha ganancia, así como respecto al momento en el que la misma deberá acumularse, aunque resultaría obvio suponer que dicha acumulación deberá ocurrir precisamente en el momento en el que se considere obtenida la ganancia.

Como se señaló, para efectos fiscales, en las operaciones de factoraje financiero, se considerará interés la ganancia derivada de los derechos de crédito adquiridos por empresas de factoraje financiero o sociedades financieras de objeto múltiple.

Así, en este tipo de operaciones, resulta congruente el tratamiento fiscal y el contable que establecen respectivamente la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) y las disposiciones financieras que ambas convergen en acumular el interés conforme a devengo, por lo que:

a) En ambos casos la utilidad o ganancia se considera interés. La afectación patrimonial positiva que pudiera tener la empresa de factoraje financiero o sociedad financiera de objeto múltiple está representada por la diferencia entre el valor nominal del crédito adquirido y el precio pagado por dicha adquisición.b) Igualmente, en ambos casos los intereses deben reconocerse o acumularse, según corresponda, conforme se devengan.

Conforme a las premisas que se han comentado, para que exista una ganancia o utilidad en la operación de factoraje se requiere, por lo menos, que el derecho de crédito haya sido adquirido a descuento y que transcurra el tiempo de manera tal que sea exigible el importe de dicho crédito.

Y por supuesto, que se cobre dicho crédito, aun cuando ello correspondería a un evento posterior a la realización de la ganancia, que en caso de no efectuarse, originaría una pérdida proveniente precisamente de la incobrabilidad del crédito. Al método descrito en este apartado y que es usado tanto para fines contables como fiscales, se le conoce también como el Método del Interés o Método de Devengado y básicamente consiste en enfrentar a los ingresos con sus respectivos costos.

Bajo este método, los ingresos se reconocen, en el caso de servicios, conforme estos se prestan. En el caso del factoraje financiero, puede considerarse que para fines económicos y financieros, la empresa de factoraje o sociedad financiera de objeto múltiple, presta servicios de financiamiento al cedente, y este último otorga la cartera como garantía.

De ahí que para fines contables se reconoce el Método de Interés como el adecuado para el reconocimiento de la utilidad. Considerando ahora que la realización de este tipo de operaciones pueden ser realizadas por entidades que no requieran autorización del Gobierno Federal, resulta que para estas entidades el descuento al no estar claramente tipificado como interés como lo es el caso de las empresas de factoraje financiero y sociedades financieras de objeto múltiple, estas deban entonces acumular el ingreso desde el momento que se realizó la operación, considerando que no está señalada la ganancia como interés.

Lo mismo resulta para quien vende los derechos de crédito, desde que realiza la operación ya conoce que tiene un costo ya realizado, toda vez que ya recibió los recursos en una cantidad menor al valor nominal (por ejemplo: un derecho con valor nominal de 100, recibe 90, con un descuento de 10, lo cual representa algo que ya no va a cobrar y que justo representa su costo de la transacción).

Por lo que corresponde al Impuesto al Valor Agregado (IVA), la celebración del contrato de factoraje se considera una actividad exenta del impuesto;4 sin embargo, surge la interrogante respecto de ¿en qué momento se causa el IVA de las actividades que dieron origen a los derechos de crédito cedidos? A este respecto, la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA) establece que la contraprestación se considera efectivamente cobrada en el momento en que se cedan a un tercero los documentos pendientes de cobro,5 es decir, surge la obligación de pago del IVA causado por la cartera de crédito, en el momento en que los mismos se trasmiten.

En relación con lo anterior, el factoraje financiero se encuentra regulado en el artículo 1- C de la LIVA, el cual establece un tratamiento específico para esta actividad, consistente en considerar que el factorante causa el IVA por la actividad que dio lugar a la cartera, en el momento en que la misma sea transmitida.

Hasta ahora, la cesión de documentos pendientes de cobro y el factoraje financiero detonan el IVA en el mismo momento, sin embargo, el propio artículo en comento establece la opción de que el IVA sea causado en el momento en que se cobren los documentos, siempre que se cumpla con ciertos requisitos. Se vuelve claro que la ventaja que ofrece el contrato de factoraje es que se difiere la causación del IVA, evitando una erogación de 16% en el momento de celebrar el contrato.

CONCLUSIÓN

El descuento de documentos representa un financiamiento a corto plazo, mediante el cual una empresa promueve su crecimiento a partir de la venta de sus cuentas por cobrar vigentes a otra empresa, es decir, la empresa dueña de los derechos de crédito cede estos a otra entidad contra el pago de recursos menos un descuento; en pocas palabras, se está adelantando el cobro de una factura.

De este modo, es importante evaluar si el descuento de los documentos es eficiente respecto costo financiero que hay que absorber, en función a otras alternativas de financiamiento. Para fines fiscales el descuento es considerado como interés por la empresa de factoraje financiero o sociedad financiera de objeto múltiple.

Dicho descuento es amortizado (acumulado) en línea recta en el plazo del documento objeto de la operación de factoraje financiero, lo cual puede diferir del tratamiento que le puedan dar otras entidades distintas a las mencionadas en el punto anterior y en consecuencia el ingreso acumulable se dé justo en el momento de realizar la transacción en lugar del devengo.

Para efectos del Impuesto al Valor Agregado cumpliendo requisitos el descuento de documentos está exento de impuesto, asimismo, se prevé la opción de causar el IVA por las actividades que dieron origen a la cartera hasta el momento en que esta sea cobrada.

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Medios de pago en gastos médicos, dentales u hospitalarios

29/ISR/NV  Medios de pago en gastos medicos, dentales u hospitalarios.

gastos medicos con tarjeta de credito

El artículo 151, fracción I de la Ley del ISR, establece que las personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos de los señalados en el Título IV, de la respectiva Ley, podrán calcular el impuesto anual realizando además de las deducciones autorizadas en cada Capítulo de la Ley que les correspondan, las deducciones personales por el pago de gastos por los pagos de honorarios médicos y dentales, así como los gastos hospitalarios, efectuados por el contribuyente, para sí, para su cónyuge o para la persona con quien viva en concubinato y para sus ascendientes o descendientes en línea recta, siempre que dichas personas no perciban durante el año calendario ingresos en cantidad igual o superior a la que resulte de calcular el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año, y se efectúen mediante cheque nominativo del contribuyente, transferencias electrónicas de fondos, desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en instituciones que componen el sistema financiero y las entidades que para tal efecto autorice el Banco de México o mediante tarjeta de crédito, de débito, o de servicios.

 

En ese entendido, es necesario que los prestadores de servicios médicos, dentales y hospitalarios, cuenten con los medios tecnológicos necesarios que permitan a sus clientes realizar el pago del servicio a través de transferencias electrónicas de fondos, desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en instituciones que componen el sistema financiero y las entidades que para tal efecto autorice el Banco de México o mediante tarjeta de crédito, de débito, o de servicios.

Por lo tanto, se considera que realizan una práctica fiscal indebida:

  1. Los prestadores de servicios médicos, dentales u hospitalarios que no acepten como medio de pago el cheque nominativo del contribuyente, transferencias electrónicas de fondos, desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en instituciones que componen el sistema financiero y las entidades que para tal efecto autorice el Banco de México o mediante tarjeta de crédito, de débito o de servicios.
  2. Quien asesore, aconseje, preste servicios o participe en la realización o la implementación de cualquiera de las prácticas anteriores.
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Contabilidad electronicaDesde 2014, miles de contribuyentes han interpuesto demandas de amparo en contra de la obligación de llevar contabilidad en medios electrónicos, así como de la relativa al envío de la misma a las autoridades del Servicio de Administración Tributaria (“SAT”).

A través de las correspondientes demandas de amparo se impugnaron los artículos 28, fracciones III y IV, del Código Fiscal de la Federación, 33 y 34 del Reglamento de dicho Código, 22 de la Ley de Ingresos de la Federación para 2015, así como diversas reglas de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014 y de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015.

Para el trámite y resolución de las más de 30,000 demandas de amparo interpuestas, el Consejo de la Judicatura Federal determinó que las mismas deberían ser remitidas a los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el Distrito Federal.

En relación con lo anterior, es el caso que el Juzgado Segundo Auxiliar en días pasados emitió las primeras resoluciones en las que se pronuncia sobre la constitucionalidad de dichas obligaciones, mismas que resultan favorables a los contribuyentes que intentaron dicha vía.

En lo que se refiere a la obligación de llevar contabilidad en medios electrónicos, tal y como es regulado por el artículo 28, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, el Juzgado estimó pertinente negar el amparo, señalando que dicha obligación no representa una carga desmedida ni injustificada para los contribuyentes. Igualmente, en la resolución se aduce que no se violan los derechos fundamentales de privacidad, a la intimidad o a la inviolabilidad del domicilio, al estimar que la obligación de llevar contabilidad a través de dichos medios electrónicos, en sí misma, no conlleva una intromisión en los papeles o en el domicilio del contribuyente.

Con independencia de lo anterior, el Juzgado Segundo concedió el amparo en los siguientes aspectos:- Por un lado, se determinó que al establecerse un sistema único o estándar de registro electrónico contable resulta un mecanismo innecesario, complejo y sofisticado para algunos contribuyentes, e insuficiente para otros, lo que se traduce en que no logren generar información útil, completa, veraz, oportuna y de fácil comprensión e interpretación para quien la consulte. En tal virtud, se determinó que la regla 2.8.1.4 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, así como el Anexo 24 de dicha Resolución, resultan contrarios a la Constitución.

 

– Por otra parte, se concedió el amparo en contra de la fracción IV del artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, así como de los artículos 42, fracción IX, y 53-B del mismo ordenamiento, sosteniendo que, al obligar al contribuyente a enviar electrónicamente la contabilidad al SAT, se permite a dicha autoridad que, de manera totalmente discrecional e indiscriminada verifique las operaciones de los causantes, sin que deban informar a éstos, lo que implica que pueda emitir actos de molestia (que, inclusive –sostiene el Juez– pueden volverse indefinidos temporalmente) sin que para ello se encuentre obligado a respetar las garantías que darán seguridad jurídica a los gobernados.

El efecto del amparo otorgado fue fijado para que a los particulares no se les apliquen, ni en el presente ni en lo futuro, las referidas disposiciones fiscales. Lo anterior implica que los contribuyentes beneficiados por dicho fallo, de confirmarse éste, no tendrían que enviar electrónicamente su contabilidad al SAT, ni podrían ser sujetos de revisiones electrónicas.

Es importante precisar que el pronunciamiento anterior es únicamente de uno de los 2 juzgadores que resolverán sobre dichas cuestiones, sin que se tenga conocimiento cierto del sentido en el que fallará el Juzgado Primero Auxiliar. Igualmente, debe tenerse en cuenta que se trata de la sentencia de primera instancia, misma que podrá ser impugnada y que eventualmente daría pie al pronunciamiento definitivo que en su oportunidad llegue a dictar la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Fuente : Deloitte

 

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Enajenacion de Agua en envases mayores a 10 litros a la tasa 0%

FECHA 18 – Junio – 2015

TEMA Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA)

SUBTEMA Tasa aplicable

ANTECEDENTES:

XXX se dedica a la enajenación de agua, no gaseosa ni compuesta, la cual no se comercializa en envases menores a diez litros, generando ingresos de trece millones de pesos anuales.

Que para la enajenación de agua, no gaseosa ni compuesta, resulta aplicable la Ley de Aguas Nacionales, misma que por disposición del artículo 1, tiene por objeto regular la explotación, uso o aprovechamiento de dichas aguas, su distribución y control, así como la preservación de su cantidad y calidad para lograr su desarrollo integral sustentable.

Que para la enajenación de agua, no gaseosa ni compuesta, la Comisión Nacional del Agua, le otorgó el permiso XXX, de fecha XXX, para la extracción de aguas nacionales, en el municipio de XXX, en el Estado de XXX, mismo que fue inscrito en el Registro Público de Derechos de Agua, de la Comisión Nacional del Agua.

Así mismo para la enajenación, del agua el consultante celebra contratos de venta de agua no gaseosa ni compuesta con personas físicas o morales, haciendo la entrega en vehículos con una capacidad de carga de 30, 35 y 45 metros cúbicos denominadas pipas las cuales cargan el agua en el lugar en el que se otorgó el permiso de concesión y se transporta al domicilio de la persona con la que se celebró el contrato.

Para acreditar su dicho acompaña diversa documentación entre las que se encuentran: Contratos, Facturas, Título/o Permiso de Concesión de Aguas Nacionales.

agua en pipas al 10%

CONSIDERANDOS:

Del análisis al escrito del contribuyente, se advierte que versa sobre una situación real y concreta al haber ocurrido y acreditado documentalmente los hechos que la conforman.

Bajo ese esquema el consultante solicita a esta Administración le confirme el criterio, en el sentido de que por la enajenación de agua, no gaseosa ni compuesta, la cual no se comercializa en envases menores a diez litros, se encuentra gravada a la tasa del 0% del Impuesto al Valor Agregado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2-A inciso c) de la Ley del Impuesto al Valor Agregado en vigor.

Del análisis que esta autoridad realiza a su promoción y de las pruebas adjuntas al mismo se advierte que su actividad es la enajenación de agua no gaseosa ni compuesta, la cual se comercializa en equipo de transporte denominado Pipas, con capacidades de 30, 35 y 45 metros cúbicos, que la extrae del pozo mediante el proceso que explica no sufriendo cambio alguno, en ese sentido le resulta aplicable la tasa del 0% del Impuesto al Valor Agregado vigente.

RESOLUTIVO:

Se confirma el criterio real y concreto planteado que sustenta el contribuyente, en el sentido de considerar que se debe aplicar la tasa del 0% del Impuesto al Valor Agregado en los actos o actividades consistentes en la enajenación de agua no gaseosa ni compuesta en pipas de 30, 35 y 45 metros cúbicos, excepto en los casos en que su presentación sea menor a diez litros, de acuerdo a lo señalado por el artículo 2-A, fracción I, inciso c) de la Ley del Impuesto al Valor Agregado en vigor.
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Buzon tributario Inhabilitado por amparos en contra de la contabilidad electronica

El siguiente es un comunicado de la Prodecon, en cuanto a los amparos tramitados relacionados con la Contabilidad Electrónica, en el que señala que los jueces ordenaron la inhabilitación del buzón tributario totalmente, es decir que no unicamente suspendieron el envio de la contabilidad electrónica( Catalogo de cuentas y balanzas de comprobación) sino que se suspendió el uso total del Buzón tributario.

Recordemos que el buzon tributario no es unicamente para el envio del catalogo y las balanzas de comprobacion,

buzon tributario

Es importante señalar que esto unicamente aplica a los que tramitaron su amparo contra la contabilidad electronica, los demas continuan con la obligacion de seguir presentando y tienen el buzon tributario activo.

 

En su carácter de abogado patrono, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente solicitó en diversos amparos que promovió contra el envío de la contabilidad electrónica mediante el buzón tributario, la suspensión para no cumplir con esa obligación.

Ante la promoción masiva de amparos, los Jueces de Distrito concedieron la suspensión de manera genérica para el efecto de inhabilitar el uso del buzón tributario,no sólo para el envío de la contabilidad electrónica, sino también como medio de comunicación entre la autoridad fiscal y los pagadores de impuestos; sin que esto último haya sido solicitado en los amparos promovidos por PRODECON.

 

Esta decisión excede los efectos específicos de la suspensión solicitada por el Defensor de los contribuyentes, lo que trae como consecuencia que los pagadores de impuestos se vean impedidos en la utilización de un medio de comunicación que tienenpara el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

 

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente considera importante hacer del conocimiento esta situación, ya que son numerosos los contribuyentes que promovieron amparos similares. Recuerda que en PRODECON estamos atentos para asesorarte y apoyarte en lo que necesites.

 

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MITOS DE LA ELIMINACIÓN DEL DICTAMEN FISCAL

MITOS DE LA ELIMINACIÓN DEL DICTAMEN FISCAL

POR: C.P.C. RICARDO JAVIER MENA RODRÍGUEZ Integrante de la Comisión Fiscal del IMCP

 

Es importante mencionar que, desde hace algunos años, uno de los temas fiscales más prometidos por las autoridades hacendarias ha sido buscar una simplificación administrativa para los contribuyentes; sin embargo, en cada una de las reformas propuestas, sobre todo debido a los cambios en la política fiscal de cada gobierno, queda solo en buenos deseos y, finalmente, se establece más carga administrativa y mayor fiscalización a los mismos contribuyentes, con los costos que esto implica al tener que cumplir con más obligaciones de información.

Esta supuesta simplificación se da ahora en materia del dictamen fiscal, en la cual el Poder Ejecutivo envió al Congreso de la Unión una iniciativa, mencionando que con el objeto de que la administración tributaria ejerza sus funciones de fiscalización de manera más efectiva y eficiente, es necesario que cuente con información relevante de manera oportuna, y que considerando la eliminación del requisito de presentar el dictamen fiscal formulado por Contador Público, es necesario que la autoridad supla parte de la información por medio de solicitudes que haga a los contribuyentes.

Por ello, como medida complementaria al proceso de simplificación fiscal impulsado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se propone eliminar la obligación de dictaminar los estados financieros por Contador Público Autorizado (C.P.A.), y se propone adicionar el artículo 32-H al Código Fiscal de la Federación (CFF) para prever la obligación de los contribuyentes de presentar una declaración informativa sobre su situación fiscal, la cual deberá exhibirse únicamente por los contribuyentes que sean competencia de la Administración General de Grandes Contribuyentes del SAT y se encuentren en los supuestos del artículo citado.

Es importante mencionar que, de acuerdo con la exposición de motivos, el dictamen se eliminó por lo siguiente:

[…] el dictamen fiscal como medio de fiscalización al servicio de la autoridad no ha cumplido el objetivo para el que fue creado […]

Asimismo, en la exposición de motivos se menciona que para tener congruencia con la simplificación administrativa, la información que se pretende solicitar será:

Únicamente aquella con la cual el SAT no cuente en sus archivos electrónicos y documentales […]

DECLARACIÓN INFORMATIVA SOBRE LA SITUACIÓN FISCAL (DISIF)

Finalmente, como se aprobó eliminar la obligación de dictaminar los estados financieros por Contador Público, se adicionó el artículo 32-H del CFF, en el cual se establece la obligación de los contribuyentes de presentar la DISIF, la cual se tendrá que presentar a más tardar el 30 de junio, respecto del ejercicio de 2014, con lo cual casi estamos frente a la misma obligación de información que se pide en el dictamen fiscal.

QUIÉNES ESTÁN OBLIGADOS A PRESENTAR ESTA DECLARACIÓN

Se establece que los contribuyentes que se ubiquen en los siguientes supuestos deben presentar la declaración informativa por medio del DISIF:

I. Quienes tributen en términos del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que en el último ejercicio fiscal inmediato anterior declarado cuenten con ingresos acumulables para efectos del ISR superiores a $644’599,005; así como aquellos que al cierre del ejercicio fiscal inmediato anterior tengan acciones colocadas entre el gran público inversionista, en bolsa de valores.

II. Las sociedades mercantiles que pertenezcan al régimen fiscal opcional en los términos del Capítulo VI, Título II de la Ley del ISR. III. Las entidades paraestatales de la administración pública federal.

IV. Las personas morales residentes en el extranjero que tengan establecimiento permanente en el país, únicamente por las actividades que desarrollen en dichos establecimientos.

V. Cualquier persona moral residente en México, respecto de las operaciones llevadas a cabo con residentes en el extranjero.

Es importante mencionar que, desafortunadamente, como quedó la fracción V del artículo 32-H del CFF, se debe concluir que muchos contribuyentes están obligados a presentar la DISIF con todos sus anexos, por el solo hecho de llevar a cabo alguna operación con residentes en el extranjero, sea de ingreso o deducción sin importar el monto de la misma, lo cual resultaría en una carga administrativa excesiva. Los contribuyentes que manifestaron en la declaración anual optar por la presentación del dictamen fiscal, de acuerdo con el artículo 32-A del CFF tendrán por cumplida la obligación de presentar la DISIF. Para dar acatamiento a esta obligación, el SAT publicó en su página en Internet la herramienta DISIF, así como el instructivo para el llenado del mismo, que están disponibles en la siguiente liga: http://www.sat.gob.mx/fichas_tematicas/dictamen_fiscal_info_alternativa/Pagina s/Declaracion-Informativa.aspx 5 Adicionalmente, el instructivo del DISIF señala los diferentes tipos de declaración aplicables a los contribuyentes que tienen la obligación de cumplirla; estos son los siguientes:

1. Personas Morales en General. (19 Anexos)

2. Instituciones de Crédito. (14 Anexos)

3. Grupos Financieros. (14 Anexos)

4. Intermediarios Financieros No Bancarios. (15 Anexos)

5. Casas de Bolsa. (14 Anexos)

6. Casas de Cambio. (14 Anexos)

7. Instituciones de Seguro y Fianzas. (15 Anexos)

8. Sociedades de Inversión. (14 Anexos)

9. Sociedades Integradoras e Integradas. (23 Anexos)

10. Establecimientos Permanentes (20 Anexos)

Al analizar las consecuencias de la fracción V, la autoridad publicó el día 24 de junio en su página del SAT la Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2015, aclarando que los contribuyentes que realicen operaciones con el extranjero, solo estarán obligados a presentar el anexo que corresponda, de acuerdo con la operación realizada. Los anexos siguientes se aplicarían para este tipo de operaciones:

Anexo 11. Operaciones Financieras Derivadas contratadas con residentes en el extranjero

Anexo 12. Inversiones Permanentes en Subsidiarias, Asociadas y Afiliadas residentes en el extranjero

Anexo 13. Socios o accionistas que tuvieron acciones o Partes Sociales

Anexo 15. Operaciones con Partes Relacionadas

Anexo 16. Información sobre sus operaciones con partes relacionadas

Anexo 19. Operaciones llevadas a cabo con residentes en el extranjero

Asimismo, en la publicación comentada se establece que la fracción V solo se aplicaría para los contribuyentes cuyo importe total de sus operaciones llevadas a cabo con residentes en el extranjero en el ejercicio fiscal sea igual o superior a $30’000,000.

Sin embargo, al analizar los anexos del dictamen fiscal que se aplica para 2014, y la nueva declaración informativa sobre la situación fiscal, se puede concluir que la mayoría de los anexos de ambas obligaciones son muy parecidos en cuanto a la información que se solicita en cada uno de ellos; por lo cual no se justifica pedir información que ya tiene la autoridad, de acuerdo con la mencionada exposición de motivos que señalaron las autoridades, al establecer esta nueva obligación.

Por lo anterior, esta justificación no se cumple, ya que se puede ver que mucha de la información solicitada en esta declaración, el contribuyente ya la proporcionó a las autoridades mediante la presentación de las declaraciones anuales e informativas, las cuales están señaladas como obligatorias en las mismas disposiciones fiscales; por ejemplo, las siguientes:

dictamen fiscal

Como se puede observar, con base en todo lo expuesto, se concluye que esta nueva obligación (Artículo 32-H del CFF), no contribuye a la simplificación administrativa, que era uno de los objetivos de la autoridad hacendaria al hacer cambios a las disposiciones en lo que se refiere al cumplimiento de obligaciones, ya que elimina la obligación del 7 dictamen fiscal; sin embargo, establece la obligación de presentar la declaración mediante el DISIF, que es similar en cuanto a la información solicitada en los anexos. Lo anterior, en el fondo, se traduce en que la eliminación de la obligatoriedad del dictamen fiscal se debe a que los Contadores que dictaminan, de acuerdo con la exposición de motivos, presentan dictámenes sin observaciones, lo cual difiere en algunos casos de las auditorías practicadas por las autoridades.

OBLIGACIÓN DE INFORMAR OPERACIONES RELEVANTES

Además, por el mismo motivo de haber eliminado el dictamen fiscal, y que para las autoridades es fundamental hacerse llegar información para ejercer sus funciones de forma efectiva y eficiente, a partir del ejercicio de 2014 se adiciona el artículo 31-A del CFF, mediante el cual se establece la obligación de informar las operaciones relevantes en la forma oficial que aprueben las autoridades fiscales, dentro de los 30 días siguientes a aquel en el que se hayan celebrado las operaciones señaladas en el formato.

INFORMACIÓN DE OPERACIONES RELEVANTES FORMA 76

Es importante mencionar que esta nueva obligación desde su entrada en vigor a la fecha ha tenido varios cambios en cuanto a la forma y fechas de cumplimiento, ya que se han prorrogado las fechas de vencimiento, se han realizado cambios a la forma 76 para cumplir con esta obligación y no existe una definición de lo que debe considerarse como una operación relevante.

INFORMACIÓN DE OPERACIONES RELEVANTES DE 2014

De acuerdo con la reglas de la miscelánea, la obligación de informar se debió empezar a cumplir a partir del 30 de octubre de 2014, por lo que respecta al primer trimestre de 2014; sin embargo, mediante el comunicado de prensa 140/2014, el SAT estableció que se ampliaba el plazo al 31 de enero de 2015, para todos los trimestres del ejercicio fiscal de 2014. Del mismo modo, en la Segunda Resolución de Modificaciones a la RMF para 2015, en el Artículo Tercero se establece un nuevo plazo a la obligación por las operaciones realizadas en el ejercicio 2014 por las que se encuentren obligados a presentar la forma oficial 76, donde se señala que podrán cumplirla a más tardar el 31 de diciembre de 2015, presentando una sola forma oficial en la que se incluyan todas las operaciones realizadas en el ejercicio.

INFORMACIÓN DE OPERACIONES RELEVANTES DE 2015

Al día de hoy, por medio de la regla 2.8.1.16 de la RMF para 2015, las fechas límite para cumplir con esta obligación por las operaciones del ejercicio de 2015 serán las siguientes:

disif

Adicionalmente, en la misma regla se menciona que los contribuyentes distintos de aquellos que componen el sistema financiero en términos de lo establecido en el artículo 7, tercer párrafo de la Ley del ISR, quedarán relevados de declarar las operaciones cuyo monto acumulado en el periodo de que trate sea inferior a $60’000,000 de pesos. En referencia al párrafo anterior de la mencionada regla, en cuanto al monto y al periodo definido para tener la obligación de informar las operaciones, el instructivo de esta declaración señala que los contribuyentes quedarán relevados de presentar la forma oficial 76, “Información de Operaciones Relevantes”, cuando en el mes de que se trate no realicen las operaciones que en la misma se describen, o bien cuando habiendo realizado cualquier operación, su monto acumulado en el ejercicio sea inferior a $60’000,000 de pesos. Lo anterior genera mayor duda, ya que por un lado la regla habla de periodo, entendiéndose por este el trimestre que se está declarando; y por el otro, el instructivo habla del monto acumulado en el ejercicio, lo cual difiere completamente de la regla publicada. Es importante mencionar que a pesar de que la forma 76, ya generó los primeros cumplimientos en el mes de mayo de 2015 por las operaciones realizadas en el primer trimestre de 2015, se siguen teniendo dudas respecto a la información que se debe presentar; esto a pesar de que las autoridades ya han publicado precisiones mediante la regla 2.8.1.16 de la RMF para 2015, así como el “Instructivo de Preguntas Frecuentes” que se publican en la página del SAT, los cuales están disponibles en la siguiente liga de Internet: http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/Paginas/formato_76 9 En la referida forma 76 localizable en la página de Internet del SAT, se establece un catálogo de 36 operaciones que se consideran relevantes, las cuales están contenidas en cinco rubros: I. Operaciones financieras establecidas en los artículos 20 y 21 de la LISR. II. Operaciones de precios de transferencia. III. Participación en el capital y residencia fiscal. IV. Reorganizaciones y reestructuras. V. Otras operaciones relevantes.

SANCIONES

Los contribuyentes que no cumplen con la presentación de alguna de estas obligaciones, además de las sanciones que correspondan, no podrán llevar a cabo contratos con la Administración Pública Federal, Centralizada y Paraestatal, así como con la Procuraduría General de la República.

CONCLUSIÓN

Actualmente, muchas de las normas de nuestro sistema tributario están diseñadas de tal forma que resultan en una excesiva carga administrativa con el fin de que las autoridades puedan llevar a cabo sus funciones de fiscalización, pero que en algunos casos es información que ya se tiene entregada vía informativas, declaraciones anuales, contabilidad electrónica y comprobantes fiscales por Internet (CFDI); por eso, resulta de suma importancia establecer una verdadera simplificación en el cumplimiento de las obligaciones fiscales en consideración de lo siguiente: a. Depurar el universo de formularios, avisos y declaraciones que hoy se encuentran previstos en el CFF, leyes específicas y reglas administrativas. b. Simplificar los formularios al eliminar información que implica una excesiva carga administrativa para los contribuyentes, pero que en algunos casos no confiere mayor beneficio a las autoridades fiscales, ya que en caso de una revisión o una solicitud de devolución de saldo a favor, en la mayoría de los casos solicitan mayor información, con los tiempos y costos que esto implica. Adicionalmente, es importante destacar la falta de certeza jurídica, ya que por medio de las reglas de miscelánea fiscal, las cuales son de vigencia anual, se establecen criterios y montos de estas nuevas obligaciones (DISIF y forma 76), las cuales en cualquier momento las autoridades pueden dejar de publicarlas o cambiarlas.

 

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Entrega o puesta a disposición del comprobante fiscal digital por Internet

Se modifica el criterio vinculativo referente a la entrega de comprobantes fiscales digitales por establecimientos como, walmart, sams, soriana, comercial mexicana y oxxos, entre otros.

Este criterio se habia publicado antes y ahora se le realiza una pequeña modificacion la cual remarcamos.

Entrega de comprobantes criterio vinculativo

01/CFF.  Entrega o puesta a disposición del comprobante fiscal digital por Internet. No se cumple con  la obligación cuando el emisor únicamente remite a una página  de Internet.

El artículo 29, primer párrafo del CFF establece la obligación para los contribuyentes de expedir  comprobantes  fiscales  digitales  por  Internet  por  los  actos  o  actividades  que realicen,  por  los  ingresos  que  se  perciban  o  por  las  retenciones  de  contribuciones  que efectúen,  para  lo  cual  de  conformidad  con  su  fracción  IV,  antes  de  su  expedición deberán  remitirlos  al  SAT  o  al  proveedor  de  certificación  de  comprobantes  fiscales digitales  por  Internet  con  el  objeto  de  que  se  certifique,  es  decir,  se  valide  el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo  29-A del mismo Código, se le asigne un folio y se le incorpore el sello digital del SAT.

Por su parte, el artículo 29, fracción V del citado ordenamiento prevé que una vez que al comprobante  fiscal  digital  por  Internet  se  le  haya  incorporado  el  sello  digital  a  que  se refiere el párrafo anterior, los contribuyentes deberán entregar o poner a disposición de sus clientes el archivo electrónico del comprobante fiscal digital por Internet y, cuando les  sea  solicitada  por  el  cliente,  su  representación  impresa, por  lo  que  se considera que el contribuyente que solicita el comprobante fiscal solo debe proporcionar su clave en el RFC para generarlo, sin necesidad de exhibir la Cedula de identificación fiscal.

En  ese  sentido,  se  considera  que  realiza  una  práctica  fiscal  indebida  el  contribuyente que, a través de sus establecimientos, sucursales, puntos de venta o páginas electrónicas, en  vez  de  cumplir  con  remitir  el  comprobante  fiscal  al  SAT  o  al  proveedor  de certificación de comprobantes fiscales digitales por Internet para su debida certificación, previamente  a  su  expedición  hacia  el  cliente,  solo  ponga  a  disposición  del  cliente  una página electrónica o un medio por el cual invita al mismo cliente para que este por su cuenta proporcione sus datos para poder obtener el comprobante fiscal y no permitir en el mismo acto y lugar que el receptor proporcione sus datos para la generación de dicho comprobante en el propio establecimiento.

En  efecto, dicha  práctica  se  considera indebida,  ya  que  el  contribuyente  emisor  no cumple con su obligación de expedir el comprobante fiscal y tampoco con su remisión al SAT o al proveedor de certificación de comprobantes fiscales digitales por Internet con el objeto de que se certifique, ya que traslada al receptor del comprobante fiscal digital la obligación de recopilar los datos y su posterior emisión.

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