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Impuestos y Finanzas



PRODECON/ Recomendación al SAT en materia de comercio exterior

PRODECON/ Recomendación al SAT en materia de comercio exterior

I. A N T E C E D E N T E S:
1. Mediante escrito libre recibido en la Oficialía de Partes de esta Procuraduría el día 5 de octubre de 2012, el ************, en su carácter de representante legal de la empresa ************, personalidad que acreditó con la copia simple del instrumento notarial número ************, pasado ante la fe del Licenciado ************, Titular de la Notaría Pública número ************ con residencia en ************, ************, promovió QUEJA contra actos que atribuye a los Titulares de la entonces ADMINISTRACIÓN ************ Y DE LA ADMINISTRACIÓN DE ************, AMBOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.

2. Por acuerdo de 10 de octubre de 2012, se admitió a trámite la queja; se registró con el número ************ y se requirió a las autoridades responsables, a efecto de que rindieran informe acompañando las documentales que estimaran conducentes.

3. Mediante oficio ************, de 18 de octubre de 2012, recibido el 22 de los mismos, el Administrador ************, rindió su informe en el sentido de negar que haya existido violación a los derechos fundamentales de la quejosa.

4. Mediante oficio ************, de 22 de octubre de 2012, el Administrador ************,  rindió el informe que le fue requerido y esencialmente manifestó que no existe violación a los derechos tributarios de la quejosa, pues ************, no se incorporó al tratamiento previsto en la reglas 5.2.6, 5.2.7 y 5.2.8 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2006, 2007, 2008 y 2009.

5. El día 24 de octubre de 2012, el representante legal de la empresa quejosa, ************, compareció al local que ocupa esta Procuraduría, a fin de precisar las violaciones de derechos fundamentales que sufrió su representada, respecto de las cuales solicita que conozca este organismo descentralizado.

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II.   O B S E R V A C I O N E S :

Es decir, esta Procuraduría de la Defensa del Contribuyente considera que resultaron insustanciales las omisiones de carácter meramente formal en las que incurrió la empresa que acude a la queja y por las cuales se regularizó tales como:

a. Omitir declarar el número de pedimentos en los cuales consolidó las mercancías;
b. No asentar los números de programa IMMEX en siete notas de remisión; y
c. No presentar oportunamente los pedimentos de exportación virtual.

Además resulta muy relevante destacar que la autoridad en ningún momento niega que la quejosa pudiera consolidar los pedimentos de exportación, sino tan sólo que no presentó esa especie de declaración con oportunidad; asimismo tampoco objeta la existencia de las notas de remisión y menos aún que a la contribuyente no le sea aplicable el programa IMMEX en las operaciones que realiza. En otras palabras por la falta de formalidades de carácter de mero trámite, pretenden las responsables sancionar a la quejosa actualizándole una hipótesis de casación que no realizó e imponiéndole la tasa general del impuesto al valor agregado.

Por lo tanto en opinión de esta Procuraduría, puede concluirse que las consecuencias derivadas por el incumplimiento de obligaciones formales pueden ser derrotables cuando sean desproporcionales a la pérdida del derecho de fondo.

Los preceptos legales transcritos establecen el derecho a favor del contribuyente de corregir su situación fiscal, lo cual significa que el pagador de impuestos se encuentra facultado para corregir todas aquellas cuestiones que incidan en su situación frente al fisco, pues precisamente el objeto mismo de la Ley Tributaria es que las contribuciones se cubran conforme a las disposiciones que les sean aplicables.

No obstante lo anterior, en el presente caso las responsables indebidamente limitan el derecho general de los contribuyentes a la autocorrección, únicamente al pago de las impuestos supuestamente omitidos; pues consideran que todo lo referente a la regularización o autocorrección de requisitos o cuestiones meramente formales que inciden en la determinación del tributo, no pueden ser materia de autocorrección.

Al razonar así, las autoridades desconocen incluso que el objetivo del programa IMMEX del que goza la quejosa es el de fortalecer la competitividad del sector exportador mexicano, otorgando certidumbre, transparencia y continuidad a las operaciones de las empresas, introduciendo los factores de cumplimiento y simplificándolos.

En tales circunstancias, al impedir la posibilidad de autocorregir obligaciones formales, las responsables vulneran derechos fundamentales de la contribuyente, ya que contrario al objetivo del programa IMMEX, le imponen mayores cargas en lugar de simplificarlas, restando competitividad y determinando, sin que se produjeran o actualizaran las hipótesis de causación, el pago del impuesto de las mercancías enajenadas a la tasa general, del 15% vigente en los ejercicios revisados.

En consecuencia, se advierte que las responsables restaron valor a la autocorrección realizada por la quejosa e incluso la calificaron de irrisoria, sin considerar que los pedimentos de exportación virtual exhibidos por la contribuyente son una especie de declaración fiscal relativa al cumplimiento de obligaciones tributarias en materia de comercio exterior, y en consecuencia no había motivo alguno para que la quejosa no pudiera ejercer su derecho a la autocorrección de los requisitos formales establecidos en las Reglas 5.2.4., 5.2.5., 5.2.6. y 5.2.8. de las RCGMCE, a efecto de considerar sus mercancías enajenadas gravadas a la tasa del 0% del impuesto al valor agregado, de conformidad con los artículos 2, fracción XIII y 14 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente.

En tal orden de ideas, la postura de la contribuyente al solventar las formalidades que la autoridad le indicó en la última acta parcial, en la que se le concedió la oportunidad legal de desvirtuar las irregularidades observadas o bien a corregir su situación fiscal, no era irrisoria, como erróneamente lo sostiene, sino el ejercicio de un derecho previsto en la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente.

 

 III. RECOMENDACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS.

PRIMERA.- SE RECOMIENDA al ************, ADMINISTRADOR ************ y al ************, ADMINISTRADOR ************, AMBOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, adoptar de inmediato las medidas correctivas consistentes en dejar sin efectos el oficio número ************, de 21 de septiembre de 2011, mediante el cual se determinó a cargo de ************ un crédito fiscal en cantidad de $659’912,755.55, por concepto de impuesto el valor agregado, actualización, recargos y multas, por el periodo comprendido del 1 de enero de 2007 al 30 de junio de 2009, así como la diversa resolución No. ************, de 30 de agosto de 2012, a través de la cual se confirmó aquélla, por ser actos violatorios de derechos fundamentales de la quejosa, tutelados en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

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