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Impuestos y Finanzas



PRODECON/ Recomendación al SAT en materia de procedimiento administrativo en materia aduanera






PRODECON/ Recomendación al SAT en materia de procedimiento administrativo en materia aduanera

 ANTECEDENTES:

1. Mediante oficios números ************ y ************ ambos de treinta y uno de agosto de dos mil once, remitidos por el Titular de la DIRECCIÓN GENERAL DE ************ DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, recibidos en la Oficialía de Partes Común de esta Procuraduría de la Defensa del Contribuyente el once de septiembre de dos mil doce, se envió la QUEJA promovida por el ************, por propio derecho, en contra de actos del Titular de la ADMINISTRACIÓN DE LA ADUANA DE ************, CON SEDE EN ************, DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, consistentes en el embargo precautorio del vehículo marca Volkswagen, submarca Jetta, color azul, modelo dos mil dos, con placas de circulación ************, expedidas por el Estado de ************, con número de serie ************, derivado del procedimiento administrativo en materia aduanera número ************, así como la determinación del crédito fiscal por la cantidad de $67,215.00 (sesenta y siete mil seiscientos quince pesos 00/100 M.N.).

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I .   O B S E R V A C I O N E S :

En ese orden de ideas, en el caso a estudio, se insiste, la autoridad detectó las irregularidades que originaron la emisión de la resolución determinante del crédito fiscal número ************, a las 8:00 horas del día 1 de abril de 2012, sin embargo, en lugar de levantar inmediatamente el acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera como lo ordenan de manera expresa los artículos 46 y 150 de la Ley Aduanera, la autoridad procedió a levantar un documento denominado “PARTE INFORMATIVO” contraviniendo el derecho fundamental de debido proceso al instruir el procedimiento administrativo en materia aduanera, máxime si consideramos que la propia autoridad aduanera ya había realizado el acto material del reconocimiento aduanero y al advertir irregularidades, se encontraba obligada inmediatamente a iniciar el procedimiento administrativo en materia aduanera y no con posterioridad al parte informativo como aconteció en la especie, por lo que con tal actuación no dio cumplimiento al principio de inmediatez exigido por el legislador para dar seguridad y certeza jurídica a los contribuyentes.

Procede enfatizar que el Estado de Derecho se sostiene bajo la máxima: “las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite”, y precisamente el respeto y salvaguarda de los derechos humanos, sólo puede darse cuando se acata la referida máxima, garantizándose la seguridad y certeza jurídica de los gobernados, los que se erigen como derechos fundamentales. Es por ello que la autoridad no puede sustentar su determinación con base en un documento denominado “parte informativo” que no se encuentra previsto y menos regulado en la Ley Aduanera o su Reglamento, por lo que evidentemente se afectaron los derechos fundamentales del quejoso ************.

De tal manera que si la autoridad responsable previo al levantamiento del acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera, se apoyó en el denominado parte informativo que no tiene sustento legal alguno, resulta evidente que la resolución determinante del crédito fiscal cuestionado es ilegal por haberse emitido en contravención a los derechos fundamentales de debido proceso, legalidad, seguridad y certeza jurídica del contribuyente.

Ahora bien, esta Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, considera necesario que las autoridades fiscales observen y den plena vigencia con sus actuaciones a lo dispuesto en el nuevo texto del artículo 1° Constitucional que entró en vigor el 11 de junio de 2011, que en sus párrafos segundo y tercero, establece:

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Premisas éstas que han sido interpretadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableciendo que todas las autoridades del país que no ejerzan funciones jurisdiccionales, como es el caso del TITULAR DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA ADUANA DE ************, CON SEDE EN ************, DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, deben procurar al aplicar las normas legales la protección más amplia de los derechos fundamentales de los gobernados.

A partir de las consideraciones anteriores, se crea plena convicción de que la autoridad fiscal responsable mencionada, no actuó con apego a los principios de legalidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones, que le obligan a cumplir con la máxima diligencia el servicio que tiene encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que provoque la suspensión o deficiencia del mismo, ya que con su actuación causó al ************, perjuicios que derivaron en la emisión del parte informativo de 1 de abril de 2012, que constituye un acto de molestia, el cual no tiene sustento jurídico.

III. RECOMENDACIÓN Y MEDIDAS CORRECTIVAS.

PRIMERA.- Se recomienda al ************, ADMINISTRADOR DE LA ADUANA DE ************, CON SEDE EN ************, DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, adoptar de inmediato las medidas correctivas consistentes en dejar sin efectos únicamente el crédito fiscal determinado en el oficio número ************ de 2 de julio
de 2012, por haber incurrido en violación a los artículos 46, 150 y 153 de la Ley Aduanera y por ende a los derechos fundamentales de la contribuyente en términos de los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDA.- Se recomienda al ************, ADMINISTRADOR DE LA ADUANA DE ************, CON SEDE EN ************, DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, cumpla con lo ordenado por el artículo 1 Constitucional, promoviendo, respetando, protegiendo y garantizando los Derechos humanos del Contribuyente Quejoso, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, buscando la protección más amplia de la gobernada.

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